«El agua es lo más importante para todos. Que no se privatice, ahí está la lucha. Es muy importante en cualquier lugar del mundo. El verdadero tesoro es el agua. El dinero no paga estas tragedias. La ley debe imponerse frente a la megaminería. ¿Qué hacen los políticos frente a eso?», Manu Chao, en el prólogo.
Enmarcar la destrucción ambiental como un delito es una decisión difícil en un sistema de producción que explota la naturaleza a gran escala y rompe el vínculo del humano con la Tierra, imponiendo una cultura que interpreta que la muerte de un río no es una tragedia sino el costo que se debe pagar por un progreso que nunca llega. Esos argumentos sólo justifican el daño y ocultan el delito.
La minería pone en marcha un modelo de producción que genera desigualdad, discriminación y exclusión. Se impone una cultura en la cual los pueblos deben aceptar que son mineros por naturaleza o por destino, eliminando directa o indirectamente otras maneras de vivir que buscan el bien común basado en el reconocimiento, respeto, armonía, equidad, equilibrio con la naturaleza y con todas las formas de vida. Así, la negación y desvalorización de otras cosmovisiones para justificar la megaminería atenta contra el derecho a la vida, la tierra y el agua pero también contra la diversidad cultural. Identificar los derechos que se violan con la actividad minera tal vez nos permita evidenciar los delitos que comete.
